Hay algo bastante incómodo en mirar una vidriera en Uruguay (de un comercio que todavía permanezca abierto), y, al mismo tiempo, mirar el celular. Porque no estamos solo frente a una comparación de precios, nos encontramos de frente a una revelación de algo que, en el interior, ya sabíamos. De un lado, un producto que cuesta el doble o el triple; del otro, la misma cosa (o algo parecido) a mitad de precio, enviada desde miles de kilómetros.
Durante años, el sistema uruguayo construyó una ficción razonable: la de un mercado “protegido”, pequeño pero estable, donde el comercio local podía sostener precios altos porque no tenía competencia directa real. Esa ficción funcionó mientras comprar en el exterior era entreverado, poco confiable y lento. Uruguay tiene un problema que no se puede resolver con discursos sobre que hay que apoyar lo nacional, el problema es que producir, importar, distribuir y vender dentro del país es caro. Es caro por todos lados, por costos logísticos, por impuestos, es caro porque en pocas palabras, el sistema está armado para sobrevivir, no para competir.
Las compras web en el exterior se dispararon a niveles récord, con millones de envíos en un solo año, impulsados en gran parte por plataformas de bajo costo. No se trata de una moda: es un cambio de comportamiento. La respuesta del Estado, como suele ocurrir, no fue revisar la estructura sino intervenir sobre el síntoma. Dentro de unos pocos meses, Uruguay modificará el régimen de compras internacionales: mantiene un esquema de franquicias pero introduce cambios clave. Se establece un tope anual de US$ 800 para compras, pero esas compras pasan a pagar IVA en muchos casos, especialmente cuando provienen de mercados como China. Este cambio, llamado popularmente como el “impuesto Temu” empieza a regir en mayo de ese año .
La lógica es clara: si no se puede competir en precio, se encarece al competidor externo. El problema es que eso tampoco resuelve el fondo, porque incluso con impuestos, muchas de esas compras siguen siendo más baratas y porque, además, el mensaje en realidad parece ser otro: el consumidor es el problema.
Se castiga la decisión individual de buscar precios más bajos, en lugar de preguntarse por qué existen diferencias tan brutales. El comercio local reclama, grita “competencia desleal”, se moviliza, trata de exponer y visibilizar su situación, apelando a que solo con la sensibilidad de los consumidores el mercado va a volver a funcionar. Pero el resultado es una tensión incómoda: el Estado intentando proteger, el comercio intentando sostenerse y el consumidor intentando llegar a fin de mes.
En el medio, aparece una verdad que nadie parece querer decir del todo, Uruguay está caro.
El nuevo régimen, más impuestos, nuevos topes, más control, puede enlentecer el fenómeno, pero difícilmente lo revierta. Porque no se trata de Temu. Temu es apenas un síntoma visible de una economía que, cuando se la conecta con el mundo real, cuando se la globaliza, siempre pierde. Y ahí es donde la discusión se vuelve más incómoda todavía. Porque competir no es cerrar, no es aumentar el precio de un lado, ni limitar. Competir es revisar los costos, la eficiencia y las regulaciones, competir es aceptar y reconocer de una vez por todas que el verdadero problema no viene de afuera, sino de adentro.
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